El reciente anuncio
del presidente Hugo Chávez sobre una recaída en su enfermedad, hace urgente institucionalizar
en las leyes la mayoría de los beneficios que, a “voluntad” del presidente, hoy
reciben muchos venezolanos que necesitan de ellas para sobrevivir y mejorar su
calidad de vida.
Por todos es
conocido, que muchas comunidades han visto en los Consejos Comunales un
mecanismo para mejorar su calidad de vida, desde “cambiar un techo de asbesto” cancerígeno
hasta sustituir redes de aguas blancas o el cambio de “rancho por casa”, todos
estos beneficios los reciben gracias a que “el comandante presidente” aprobó el
proyecto, recursos que la mayoría de las veces no están contemplados dentro de ningún
presupuesto y obedecen a “créditos adicionales”. Los recursos para los Consejos
Comunales deben dejar de provenir de la buena voluntad y de recursos
adicionales, urge una modificación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales,
que como en el extinto FIDES, dote de un fondo presupuestario fijo a los
Consejos Comunales, determinado por un porcentaje del presupuesto de las
gobernaciones y alcaldías, cuyo uso y destino sea aprobado a nivel municipal
por el Consejo Local de Planificación o regional por el Consejo Estadal de Planificación,
según sea el origen de los fondos y supervisado por las oficinas regionales de Fundacomunal
como ente verificador y asesor en la elaboración
de las propuestas y co-vigilante del cumplimiento de la ley por parte de alcaldías
y gobernaciones.
En relación a las
misiones, estas deberían pasar de ser “beneficios clientelares” a programas de inserción
en el medio laboral y formativo, tanto a los adultos y adolescentes que los
perciben así como medio de medir el cumplimiento de metas por parte de los
padres de obligaciones de estudio, alimentación y salud para con sus hijos de
forma tal de garantizar que a corto, mediano y largo plazo muchos de los que
hoy las perciben dejen de requerirlo y por fin logren su objetivo final: Sacar
a los pobres de su pobreza.
Los beneficios
sociales deberían ser descentralizados a nivel regional y local, bajo supervisión
de los Consejos Locales y Estadales de Planificación y coordinados con los
Consejos Comunales, dotados de un fondo que de acuerdo al grado de pobreza en
cada región y municipio, promueva el crecimiento armónico y el mejoramiento de
la calidad de vida en cada comunidad por igual.
En cuanto a las pensiones de vejez y
discapacidad, urge tomar medidas que garanticen su continuidad en el tiempo: es
necesario promover el empleo formal, las cotizaciones del trabajador
independiente y la creación de un fondo a partir de los ingresos petroleros y
el ahorro nacional que blinde la prestación de este beneficio en el tiempo, es
decir, se requiere una alianza estratégica entre el gobierno nacional y los sectores
económicos que promuevan el empleo, pero con las garantías a la inversión de
las cuales hoy se adolece
Es importante entender, que pese a que hasta
ahora los beneficios sociales del gobierno han sido usados como mecanismo de
control, hoy son una necesidad visto los errores de las políticas del gobierno
nacional, que aunados a la inseguridad jurídica y controles económicos han
provocado la disminución del empleo formal y la inversión privada con la
consecuente pérdida de empleo y oportunidades, así como de desinversión publica
por tener que precisamente destinar gran parte de sus recursos a atender carencias
sociales, siendo estas las principales razones de la necesidad de establecer
subsidios a personas y comunidades.
La gente humilde y en situación de riesgo así
como las comunidades que aun continua desatendidas y a la espera de atender sus
carencias, necesitan saber que hay un
liderazgo dispuesto a asumir y mantener sus beneficios sociales, pero no a
cambio de sumisión política o como mecanismos de presión, si no como necesidad
para superar la pobreza, retomar la vía del crecimiento y ofrecer oportunidades
de ascenso social en el país como un todo.
